En una audiencia desarrollada este martes en el Juzgado de Garantía de Copiapó, la Fiscalía de Atacama presentó cargos en contra de quien se desempeñó como director Regional del Trabajo a partir del mes de abril del año 2014.
Los antecedentes conocidos en esta instancia judicial, argumentados por el fiscal adjunto Luis Miranda Flores, indican que en septiembre del año 2017 el Sindicato de Supervisores de la División El Salvador de Codelco, luego de advertir actos que a su juicio afectaban a los integrantes de este gremio. Ingresaron una denuncia por vulneración de derechos fundamentales en la Dirección Regional del Trabajo, la que por resolución manifiestamente injusta del director de la época no siguió su curso normal de investigación siendo autoasignada al imputado quien no le dio código de ingreso y no realizó tramitación alguna respecto de la mencionada denuncia. Sin embargo, ¿de dónde deviene todo este asunto?
El 23 de agosto de 2017, Nelson Pizarro Contador, Presidente Ejecutivo de Codelco Chile viaja a El Salvador para sostener una reunión con los supervisores y supervisoras de la división. En esa instancia emite un discurso amenazante que pone en jaque el desarrollo del proyecto Rajo inca, y con esto el futuro de Salvador si los asistentes no accedían a su petición de dejar sin efecto una demanda interpuesta en Tribunales de Justicia por el acoso laboral que un gerente ejerció en contra de socios del Sindicato de Profesionales de El Salvador.
“No logro comprender, no puedo aceptar, que tengamos profesionales de alta calificación demandados (...) el objetivo de mi presencia acá es intentar generar con ustedes una suerte de compromiso, es decir, borrón y cuenta nueva (...) a cambio de que yo pueda hacer el compromiso de gatillar la factibilidad del Rajo Inca”, fueron el tenor de las declaraciones de ese entonces y que desde el organismo sindical denunciaron de carácter “amenazante”. Además, declararon que el ejecutivo emitió una serie de juicios despectivos y ofensivos hacia los más de 200 asistentes, particularmente contra las mujeres y los jóvenes. Ante esto, el Sindicato denunció la situación al Director Regional del Trabajo de Atacama, Christian Melis, el día 27 de septiembre de 2017. Al no recibir acogida, decidieron efectuar una segunda denuncia el día 30 de octubre de 2017, esta vez dirigida al Director Nacional del Trabajo de la época, Mauricio Peñaloza, que lamentablemente tampoco tuvo respuesta.
Considerando lo relevante del tema y que los conductos regulares no fueron atendidos, desde el Sindicato interpuso una demanda por vulneración de derechos fundamentales en contra de los dichos de Pizarro, El día 11 de diciembre de 2017 concurre a la sede del sindicato una fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Chañaral, quien se reunió con tres trabajadores y dos dirigentes sindicales para investigar la denuncia. Pese a que todo indicaba que al fin se estaba investigando las irregularidades, el juez que lleva el caso solicita mediante un oficio los resultados de la fiscalización, a lo que la Inspección del Trabajo le responde que no existía dicha carpeta investigativa. Producto de la falsedad de esta respuesta el Sindicato decide interponer una querella criminal contra quien resulte responsable de falsificación de instrumento público y delito informático, y es en este contexto que tras ser entrevistados por la Fiscalía, los funcionarios de la Dirección Regional del Trabajo de Atacama involucrados reconocen haber recibido órdenes de eliminar el registro investigativo del sistema computacional, negar la existencia de la investigación y mentirle al tribunal tras recibir presiones de la Dirección Nacional del Trabajo. Además, sostuvieron que el procedimiento requería tomar una aclaración a Pizarro, la que finalmente no ocurrió.
Fuente; FESUC.CL